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Es urgente eliminar el copago farmacéutico a los pensionistas

Es evidente que hay que incrementar las plantillas sanitarias, eliminar los copagos de farmacia a los pensionistas y recuperar la inversión pública para que no se caigan a trozos los hospitales
    • Pedro Aldama-Militante Socialista
    • |
    • 14 de marzo de 2017

    Estamos asistiendo en España a una pérdida de legitimidad de los responsables de la sanidad, afectada ésta demasiadas veces por noticias sobre corrupción, precariedad laboral y obsolescencia de las instalaciones.

    Cada día que pasa se hace más necesaria la recuperación del sector público en general, pero todavía más la de nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS), derivada en este caso de la inacción durante décadas ante el acelerado envejecimiento de la población. Pero en el caso de nuestra sanidad, la necesidad se ha tornado en urgencia, después de casi una década de empobrecimiento de las familias, caída de la inversión pública y recortes en el gasto social. Es urgente porque en los sistemas socio-sanitarios la precariedad se concreta en pérdida de vidas y  deterioros irrecuperables de salud. En suma, en un drama por el insoportable sufrimiento humano,  además no repartido de forma equitativa.

    No faltan los editoriales, entrevistas y tertulias en los grandes medios con afirmaciones genéricas de que hay que hacer reformas profundas en el Sistema Sanitario, pero me asalta la duda de si no será ésta una cortina de humo para evitar la toma inmediata de medidas sobre los problemas reales de nuestros enfermos. Se habla de cambiar la Ley General de Sanidad, o de construir un gran pacto por la Sanidad. Me viene a la memoria aquel fragmento de la novela El Gatopardo: “si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie”.

    Es evidente que hay que incrementar las plantillas sanitarias, eliminar los copagos de farmacia a los pensionistas y recuperar la inversión pública para que no se caigan a trozos los hospitales. Primero eso y luego lo demás.

    La crisis en general y las políticas de austeridad se han cebado con los más frágiles, es decir con aquellos para los que no sólo es importante tener derecho a la sanidad pública, ante una hipotética enfermedad,  sino que ya están enfermos: los que han de ir al  médico, comprar medicinas o precisan ayudas por su dependencia.

    Pretendo con éste y próximos artículos sobre sanidad tratar temas que exigen intervenciones urgentes, sin huir por ello de la reflexión sobre reformas de nuestros dispositivos de protección socio-sanitaria como la cobertura del SNS, su financiación, la regulación de la actividad privada, o la sostenibilidad del sistema. Tiempo habrá de hablar de estrategias para un Sistema Sanitario eficaz, justo, solidario y viable.

    Hoy, lo que es urgente para la salud de nuestra gente, es abordar el copago en farmacia. La norma, aprobada en 2012, que introdujo los copagos en farmacia a pensionistas e incrementó el porcentaje de pago al resto, se justificaba en dos principios, por cierto no presentes en nuestra Constitución. El  de austeridad y el de racionalización en el gasto público, y sin más razonamiento aplicaron una de las medidas más insolidarias e injustas que se recuerda en la etapa democrática.

    En base a esos argumentos  se crearon los tramos de copago a los pacientes, remarco lo de pacientes  ya que no se aplica a todos como en un impuesto directo,  sino a los que necesitan por su estado de salud comprar medicinas.

    El término austeridad se supone que aseguraba que el Estado gastaría menos en farmacia. Si la medida no hubiera traído tanto sufrimiento, sonaría a chiste que entre las cuatro personas más implicadas en su firma y elaboración (Jefe del Estado, Presidente del Gobierno, Ministros de Hacienda y Sanidad) se encontraran algunas “tan sensibles ellos” al concepto austeridad pública.

    El término racionalidad justificaba intervenir en base al supuesto gasto inapropiado en medicinas. Qué ha pasado en estos años? En los tres años posteriores a la medida, el gasto en farmacia y otros productos médicos perecederos creció más de mil quinientos millones de euros. Eso sí, bajó en un primer momento la parte de gasto público. No afectó al bolsillo de las empresas farmacéuticas, pero sí al de los pacientes. Uno de los grandes perjuicios fue que en todos y cada uno de los años siguientes, según datos oficiales (Barómetro Sanitario), entre un 4% y el 5% de españoles dejó, por causas económicas, de tomar alguno de los medicamento recetados por su médico del sistema público.

    Al final la medida ha hecho daño a muchos y lo sigue haciendo, pero no por racionalidad, sino por la otra razón: la supuesta austeridad. La medida hoy ni siquiera se justificaría  por austeridad, ya que al final del año 2016 se han vuelto alcanzar los niveles de gasto en farmacia que tenía el Estado cuando aprobó el copago. Además, aquella norma del 2012, retiró de la financiación pública muchos medicamentos que hemos pasado a pagar todos al 100% de su precio, incluidos los pensionistas. Los lectores saben que muchos de esos fármacos y otros nuevos, que tampoco se están financiando por el Estado,  han crecido desmesuradamente en precio  desde entonces.

    El resumen es que hoy el Estado gasta lo mismo en farmacia, a los ciudadanos les cuesta más su factura personal en medicamentos y muchos enfermos han dejado de consumir algún medicamento recetado por culpa de no poder pagarlo. Eso sí, las empresas farmacéuticas han aumentado sus ventas, por eso quizás  ellas no escriben en contra de los copagos, al fin y al cabo  supone diluir su riesgo al diversificar sus ventas en múltiples compradores individuales, más indefensos éstos ante los incrementos de precios que los grandes compradores como las administraciones.

    En las últimas semanas se ha vuelto a hablar del copago en los medicamentos. Se habló primero desde el gobierno de incrementarlos, después se desmintió, pero no han hablado de bajarlos o eliminarlos. Tampoco han faltado sesudos tertulianos y “políticos liberales” hablando de la supuesta injusticia que suponía que un pensionista rico no pagara por las medicinas. Eso sí, los mismos que exhiben esa “gran sensibilidad social” se oponen tajantemente a medidas fiscales que aumenten la progresividad en el IRPF para los más ricos, o sea que nos están mintiendo.

    En los copagos no podemos ni debemos aceptar otra cosa que no sea retornar a la situación previa a su instauración e incremento en el 2012. No podemos porque han sido dañinas para la salud de muchas personas, porque no han disminuido el gasto público en farmacia, porque han incrementado el gasto total a la ciudadanía (gasto público + gasto privado) y porque rompe con el principio de solidaridad entre sanos y enfermos.

     

    Pedro Aldama Roy-Militante socialista

    (Exsecretario de Sanidad de la Comisión Ejecutiva del PSOE en Colmenar Viejo que presentó la dimisión por tener posiciones críticas con la política del actual Secretario General)



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